Hablar del costo de la vida en América Latina suele centrarse en alimentos, transporte o servicios básicos. Sin embargo, hay un componente que distorsiona por completo cualquier análisis y que rara vez se aborda con la seriedad que merece: la vivienda. Cuando el costo de alquilar o financiar un hogar se incorpora a la ecuación, el discurso del “salario mínimo” y de la “canasta básica” deja de sostenerse.

La realidad es más cruda: vivir se ha vuelto desproporcionadamente caro, y la clase media está pagando el precio.

Los datos comparativos de salarios mínimos y costos básicos de vida en distintos países de la región muestran un patrón inquietante. En casi todos los casos, el salario mínimo apenas logra cubrir -cuando lo logra- la canasta básica sin vivienda. Pero al agregar el alquiler urbano, el salto es abrupto y, en muchos países, simplemente imposible de absorber con ingresos formales promedio.

La vivienda no encarece la vida: la redefine por completo.

El punto de quiebre: cuando aparece la vivienda

La diferencia entre el costo de la canasta básica y el costo de esa misma canasta más el alquiler revela una brecha estructural. En países como México, Colombia, Perú o Costa Rica, el costo mensual de vivir con vivienda urbana supera ampliamente el salario mínimo, y en algunos casos lo duplica. Esto no es una anomalía coyuntural: es una señal de un modelo que dejó de considerar la vivienda como un derecho habilitante y la trató exclusivamente como un bien financiero.

Para la clase media, esta brecha es letal. No califica para subsidios focalizados, pero tampoco tiene capacidad real de ahorro suficiente para enfrentar alquileres crecientes o créditos hipotecarios cada vez más exigentes. El resultado es un endeudamiento prolongado, una dependencia estructural del sistema financiero y una renuncia progresiva a la calidad de vida.

Alquilar o comprar: dos caminos, la misma trampa

Alquilar se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Aumentos anuales por encima de la inflación, contratos precarios y una oferta cada vez más orientada a segmentos de alto ingreso o inversión especulativa expulsan a las familias hacia periferias mal conectadas y con menor acceso a servicios.

Comprar vivienda, por su parte, tampoco es la solución que fue para generaciones anteriores. El acceso a crédito hipotecario exige ingresos estables, primas altas y plazos que comprometen entre 20 y 30 años de vida laboral. Para muchas familias de clase media, esto implica “empeñar” su futuro: menos movilidad, menos capacidad de adaptación y una vulnerabilidad extrema ante cualquier crisis económica, laboral o de salud.

Construir vivienda propia, históricamente una alternativa en países como Costa Rica, hoy es casi una quimera. El costo del suelo, los materiales, la tramitología y el financiamiento han convertido este camino en un privilegio, no en una opción realista.

Costa Rica: políticas de vivienda que se quedaron a medio camino

El caso costarricense es particularmente ilustrativo. Durante décadas, el país fue referente regional en políticas de acceso a la vivienda, con esquemas que permitían a amplios sectores de la clase media construir o adquirir su casa. Ese modelo se fue erosionando silenciosamente.

Hoy la política pública de vivienda se ha reducido a casi exclusivamente bonos dirigidos a sectores de ingreso muy bajo, lo cual es necesario y socialmente justo, pero insuficiente. La clase media quedó fuera del radar. No existen programas robustos, sostenidos y pensados específicamente para quienes no son pobres, pero tampoco ricos. El mensaje implícito es claro: arréglense solos.

Mientras tanto, los precios del suelo urbano aumentan, el alquiler se vuelve inaccesible y el crédito se endurece. El Estado se retiró de su rol articulador, dejando el acceso a la vivienda en manos del mercado y del sistema financiero, con consecuencias previsibles: precios al alza, alquileres impagables y un endeudamiento creciente.

Cuando la vivienda deja de ser hogar

El problema no es solo económico. La vivienda es estabilidad, arraigo, planificación familiar y comunitaria. Cuando acceder a ella implica una carga financiera desproporcionada, se afecta la natalidad, la movilidad social, la salud mental y la cohesión social. La clase media, históricamente amortiguadora de tensiones sociales, empieza a resquebrajarse.

Lo que demuestran los datos no es solo que vivir es caro, sino que el costo de la vivienda está rompiendo el contrato social implícito: trabajar, ahorrar y progresar ya no garantiza un techo digno.

Cinco medidas clave para empezar a corregir la crisis

Resolver la crisis de vivienda no es simple, pero tampoco es imposible. Requiere decisiones técnicas, sostenidas y políticamente incómodas. Algunas medidas clave podrían ser:

1. Políticas de suelo activo: El estado debe recuperar un rol estratégico en la gestión del suelo urbano: bancos de tierra, reservas para vivienda de clase media y regulación efectiva contra la especulación. Sin suelo accesible, cualquier política de vivienda es retórica.
2. Programas de financiamiento diferenciados para clase media. No bonos asistenciales, sino créditos con tasas razonables, plazos flexibles y esquemas ajustados a ingresos reales.
3. Impulso al alquiler formal y regulado. El alquiler no debe ser sinónimo de precariedad. Modelos de alquiler con regulación clara, incentivos fiscales y participación público-privada pueden estabilizar precios y ofrecer seguridad jurídica a inquilinos y propietarios.
4. Simplificación y reducción de costos en la construcción. Trámites interminables, permisos fragmentados y cargas administrativas encarecen artificialmente la vivienda. Simplificar procesos no es desregular: es hacer viable construir de manera responsable y accesible.
5. Vivienda como política de desarrollo, no solo social. La vivienda debe integrarse a una visión de ciudad, empleo y movilidad. Construir lejos y barato suele generar costos sociales y económicos mucho mayores a largo plazo.

Una reflexión necesaria

No se trata de nostalgia ni de idealizar el pasado. Se trata de reconocer que las políticas de vivienda no pueden limitarse a subsidios de emergencia no a dejar el problema en manos del mercado. La clase media necesita instrumentos específicos: suelo accesible, financiamiento razonable, modelos de alquiler regulado, incentivos a la construcción de vivienda intermedia y una visión de largo plazo.

Si la vivienda continua siendo tratada como un lujo o como un activo especulativo, América Latina seguirá produciendo trabajadores formales que no pueden vivir cerca de donde trabajan, familias endeudadas de por vida y ciudades cada vez más fragmentadas.

La vivienda no debería ser el gran sacrificio de la vida adulta. debería ser su base. Mientras no recuperemos esa lógica, seguiremos construyendo ciudades que excluyen, endeudan y fragmentan. Y eso, como sociedad, es un costo que tarde o temprano todos terminamos pagando.

La pregunta ya no es cuánto cuesta vivir.

La pregunta es quién puede permitírselo.